Por una parte, se harán acciones de rehabilitación de áreas de importancia ecológica en la cuenca del río Quito. El proyecto será ejecutado por Codechocó, que aportará 62 millones en especie, mientras que el Ministerio de Ambiente invertirá 1000 millones de pesos de los recursos de reactivación económica.

De otro lado, se diseñará un protocolo de remediación, rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas por la actividad minera en los bosques de la cuenca del río Quito. Este proyecto, que será ejecutado por Fondo Acción, beneficiará a los municipios de Cértegui, Unión Panamericana, Cantón de San Pablo y Río Quito. Aquí la inversión del Ministerio de Ambiente, con recursos del Banco Mundial, será de 940 millones de pesos.

Con estos proyectos se trabajará por la restauración ecológica y la descontaminación de la cuenca del río Quito en el marco de la línea Mejoramiento de la Calidad Ambiental que hace parte del Plan de Acción Orden Quinta de la sentencia.

“Estos recursos que hemos anunciado son una muy buena noticia para el país. El cumplimiento de esta sentencia es una prioridad para el Ministerio de Ambiente, que viene ejecutando el Plan de Acción establecido; hemos tenido un reconocimiento positivo en el territorio de parte de todos los actores sociales, institucionales y administrativos gracias al trabajo conjunto con las comunidades y a la gestión que hemos desarrollado, que busca, en últimas, proteger nuestros recursos naturales porque son fuente de vida”, afirmó el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza Sánchez.

Se está avanzando
De igual manera, el Ministerio avanzó en el primer semestre del 2021 en el cumplimiento de órdenes de la sentencia; lo hizo con la formulación, gestión de recursos e implementación de proyectos cuyo propósito es el empoderamiento de los Consejos Comunitarios del Chocó, a través del uso sostenible de los recursos naturales y minerales; la construcción de una herramienta o instrumento propio para la prevención, manejo y transformación de los conflictos por el agua asociados a los servicios ecosistémicos del bosque y del río.

Ese avance ha significado, igualmente, el aumento de conocimiento técnico sobre procesos efectivos de remediación y restauración ecológica, y la promoción de estrategias sostenibles para la recuperación de ecosistemas degradados y contaminados por la minería aurífera en la cuenca del río Atrato, en Chocó y Antioquia.

Sujeto de derechos
La sentencia T-622 de 2016 es histórica porque declara a un río sujeto de derechos y ordena la construcción de planes de acción en conjunto con las comunidades para resolver la crisis humanitaria, social y ambiental que presenta el río Atrato, sus afluentes y comunidades. Los mencionados planes están encaminados a erradicar la extracción ilícita de minerales, la realización de estudios epidemiológicos y toxicológicos, el diseño y la implementación de un plan de seguridad alimentaria y la descontaminación de las fuentes hídricas afectadas por el mercurio y otras sustancias tóxicas.

En la Décimo Tercera Comisión participaron líderes comunitarios miembros del Cuerpo Colegiado de Guardianes, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, de Codechocó y Corpourabá, de las gobernaciones de Antioquia y Chocó, delegados de los ministerios de Agricultura, Vivienda, Salud y Energía, funcionarios del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y de las alcaldías de Río Quito y Quibdó.